La protesta contra las políticas del gobierno en torno a la minería y a las libertades, ha dejado el entorno de la prensa y las redes sociales. Ahora las calles acogen movilizaciones y marchas.
La respuesta oficial no ha tardado en llegar: contramarchas y discursos de deslegitimación a la oposición, a la que ha tildado de golpista y violenta.
En un régimen de libertades constitucionales, la libertad de la palabra es potestad de todos. Pero parece ser que esto no es lo que ocurre en el país. Los grupos de oposición han visto como su movilización recibe el acoso de la policía y de los partidarios del gobierno.
La acción violenta es la respuesta del gobierno a la protesta de las calles. La violencia está en el discurso oficial, en las acusaciones, en el acoso mediático, en la contramarcha, que ojalá no genere enfrentamientos entre ecuatorianos, y lo que sería peor, que alguien perdiera la vida en esos hechos.
La protesta está en las calles y la contramarcha también. Lo que caracteriza a las dos, es la incapacidad de escuchar argumentos y análisis. Los niveles de intolerancia son altos y el grueso de las acusaciones es considerable. Los ingredientes de una convulsión social se juntan peligrosamente.
Corresponde a los líderes políticos, al Presidente y a su gobierno bajar el tono, buscar el diálogo, trabajar por los consensos… el único problema es que el consenso requiere renunciamientos y aceptación de los errores, ¿estará la clase política del país, lista para ello?.
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